El Concejal de Urbanismo asegura que ya no se demolerán más edificios del casco viejo

 

Tras anunciar que “en los próximos días”, van a dar comienzo los trabajos de demolición del edificio incendiado, y posteriormente declarado en ruina, en la calle La Rúa nº 25, el concejal de Urbanismo, Aitzol Zuazo, ha dado todos los detalles en Punto Radio.Ambas labores, demolición y escalera de acceso al edificio colindante, supondrán un desembolso por parte del Ayuntamiento de unos 80.000 euros, que después serán revertidos a los propietarios del inmueble colindante, en el caso de la escalera y a los propietarios del que se demolerá.El concejal ha reconocido que esta actuación se pretendía haber realizado antes pero “el proceso administrativo ha causado demoras”.Zuazo ha destacado también que ya no se van a realizar más demoliciones en edificios del casco viejo. Ha remitido una orden a los técnicos municipales para que, a partir de ahora, se envíen sanciones coercitivas para que los propietarios de aquellos inmuebles especialmente deteriorados y susceptibles de padecer desprendimientos, para que procedan a su reparación y evitar así males mayores.

Con respecto a otro edificio que deberá ser derribado en la calle Belén, inmueble cuya estructura interna se vino abajo hace unas semanas, el concejal de Urbanismo ha señalado que ya se ha abierto un plazo de alegaciones de cinco días, por lo que habrá que esperar hasta la semana que viene.

Aprovechando la visita del edil a Punto Radio, hemos querido aclarar un asunto que sacó durante el último pleno ordinario el grupo CastroVerde.

Su portavoz, Ángel Díaz Munío, aseguraba que existía un decreto firmado por el alcalde el 1 de julio por el que se retiraba la licencia de obra a la promotora Castrum Varduliex, que levanta un edificio junto al polideportivo Pachi Torre.

Zuazo ha asegurado que es un asunto que salió de su departamento en mayo y por el que se apercibía a la empresa de que el edificio pequeño, de los dos de que consta la urbanización, incumplía varias ordenanza y que, por tanto, no podía seguir desarrollándose de la que manera en la que se estaba haciendo.

En concreto, superaba la altura permitida en cuanto a pisos y en la zona de los garajes.

Castrum Varduliex, haciendo caso a dicho decreto, ha parado los trabajos en esa zona concreta de la urbanización para proceder a ajustar el edificio a la normativa porque, como ha dejado claro el concejal, tiene solución.

El Plan General de Ordenación Urbana de Castro también ha salido a colación. El equipo de gobierno ha dejado ya el asunto en manos de los servicios jurídicos del Ayuntamiento para estudiar la rescisión del contrato con la empresa redactora del Plan, la UTE Mecsa-San Andrés, ante el «incumplimiento” del mismo, y después de que la adjudicataria reclame un adelanto de 58.000 euros para continuar con su trabajo.

Según ha asegurado Zuazo, “nos han llegado rumores de terceros de que la empresa no está pasando su mejor momento económicos y que, incluso, está en fase de disolución”.

Desde el Ayuntamiento se han dirigido a la empresa en dos ocasiones para que se acercase a las dependencias municipales a dar explicaciones de por qué no ha entregado ya el informe de Impacto de Sostenibilidad Ambiental, sin que haya habido respuesta alguna.

El contrato firmado en su día establecía que el Consistorio no tendría que realizar ningún pago hasta que ese documento fuese redactado y entregado.

 

 

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