‘¿Para qué voy a rehabilitar?’

“¿Quién va a apostar por la rehabilitación si el Gobierno quiere gravar el consumo de energía?”. Así de claro se ha mostrado Javier García Breva, presidente de la Coalición Empresarial Nuevo Modelo de Negocio Energético (N2E), en el transcurso de una conferencia de prensa celebrada esta mañana. Según este experto, “la Ley de Rehabilitación entra en contradicción con la política energética anunciada por el Ministerio de Industria y que afecta al nuevo régimen de renovables, autoconsumo y peajes”.

No hay que olvidar, como bien cita el preámbulo de la Ley de Rehabilitación, que España cuenta con 6 millones de viviendas con más de 50 años de antigüedad. Circunstancia que hace necesario potenciar la rehabilitación de edificios haciéndola viable en términos económicos y acercando el marco normativo español al europeo en cuanto a ahorro energético y lucha contra la pobreza energética.

Sin embargo, las propuestas de orden por la que se revisan los peajes, que fija un incremento de un 70% en el término de potencia contratada, y de autoconsumo, que penaliza el abastecimiento propio de energía, “o hace sino cargarse las políticas de eficiencia energética defendidas en la Ley de Rehabilitación”, denuncia el presidente de N2E.

“¿Para qué voy a ahorrar energía si en la factura de la luz me van a gravar más por el término fijo que por lo que consuma?”, se pregunta este experto. Y advierte: “Si la crisis continúa el consumidor final intentará rebajar la potencia contratada, lo que desembocará en una mayor pobreza energética”.

En este contexto, García duda de la esperada reactivación de la edificación, “ya que antes hay que salvar las cuentas del sector eléctrico”. Objetivo que reconoce el borrador de la orden de peajes, y que pasar por “castigar al consumidor vía peajes y penalizaciones en el autoconsumo”, insiste el también exdirector del IDAE.

Para hacernos una idea, el borrador de orden referente al consumo de electricidad para uso propio establece un “peaje de respaldo” por el disfrute del conjunto de la infraestructura. Y ello aun cuando el consumidor vierta energía gratuitamente a la red.

Para García, “la contradicción de la Ley de Rehabilitación con la política energéticadel Gobierno resta credibilidad a sus objetivos de ahorro de energía”. Una situación que se suma a la ya vivida en octubre de 2012 cuando España votó en contra de la Directiva Europea 2012/27 de eficiencia energética, “por considerar que era un obstáculo para la reactivación del sector de la construcción en España”, recuerda.

Obligado a cumplir la Directiva

No obstante, nuestro país está obligado, como Estado miembro de la Unión Europea, a cumplir con la Directiva, para lo cual la Comisión Europea prevé un respaldo financiero destinado a la eficiencia energética en edificios, tanto públicos como privados. Y solo para el periodo 2014-2020, “están en juego hasta 4.000 millones de euros durante los próximos siete años”, calcula el informe “Rehabilitación Integral y Energía” elaborado por Tendencias en Energía.

Pero para aprovechar esta oportunidad, antes el Gobierno español deberá transponer al ordenamiento jurídico el marco de las directivas europeas de eficiencia energética y desarrollarlo a través de planes de rehabilitación energética del parque inmobiliario español, de edificios de consumo de energía casi nulo y de apoyo a las empresas de servicios energéticos (ESE).

 

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